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Una ley de ordenación del litoral catalán es posible y necesaria


Josep M. Aguirre defiende en su tesis doctoral la necesidad y la posibilidad de que el Gobierno de la Generalitat utilice los instrumentos jurídicos que tiene a su alcance para poner freno a la urbanización de la franja litoral catalana.

El proyecto de I + D + I del Ministerio de Economía y Competitividad, Urbanismo sostenible y cambio climático, que dirige el profesor Joan Manuel Trayter, trabaja en las implicaciones jurídicas relacionadas con la práctica urbanística y el medio ambiente. El tema de especial interés es la posibilidad que tiene el Derecho de facilitar instrumentos para la protección del territorio. Josep M. Aguirre prosigue la línea de investigación con el régimen jurídico del litoral catalán, una tesis doctoral que ha defendido recientemente ya la que ha dedicado los últimos años de trabajo, que ha compaginado con la docencia en la Facultad de Derecho de la UdG. El profesor Joan Manuel Trayter, que ha dirigido la tesis, lo animó a abordar esta temática a raíz de la tramitación, en 2004, de una figura innovadora en Cataluña, los planes directores urbanísticos del sistema costero (PDUSC), que se han convertido en una figura clave para la protección del litoral.

José María Aguirre ha querido proponer una solución y ha dedicado la mayor parte de la investigación en el análisis de los márgenes que tendría el legislador catalán para desarrollar el despliegue competencial en materia de ordenación del litoral a través de una ley propia. Considera que debería dar respuesta a cuatro retos importantes, el primero de los cuales es la proposición de un nuevo encaje en la concurrencia de competencias en el litoral catalán a través de un modelo de gestión integrada del espacio costero, con la Generalitat como administración de referencia, y con más protagonismo de los ayuntamientos. En segundo lugar, la articulación de nuevos instrumentos de ordenación y gestión del espacio litoral a través de un tercer PDUSC que incorporara disposiciones específicas en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre. La articulación de un régimen económico y financiero propio del dominio público catalán y una nueva política fiscal que permita desarrollar políticas más ambiciosas en la ordenación litoral constituirían el tercer reto. Finalmente, la limitación, por medio de la nueva ley de ordenación del litoral catalán, de los efectos negativos de la reforma de la Ley de Costas, a la vez que se proporciona más seguridad jurídica y claridad de criterio a los gestores de este espacio.


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